Empresarios vinculados a empresas de transporte de distintos puntos del país se reunieron en Durazno preocupados por las nuevas medidas de control que el Estado pretende implementar y que, según señalaron, podrían acarrear consecuencias negativas para el sector.
Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), explicó los principales temas abordados durante la asamblea:
“Nosotros concurrimos a instancia de ATRADU (Asociación de Transportistas del Uruguay), que es la gremial del transporte de acá de Durazno, como parte de la intergremial, que es el principal interlocutor frente al Estado en temas de transporte. Buscamos informar sobre lo que han sido las negociaciones con el gobierno en las diferentes instancias y recoger la opinión de los transportistas.
Expusimos los tres pilares con los que pretende avanzar el gobierno: la guía de carga, el control con GPS de dicha guía y el sistema de huella digital. Lo que nos planteaban los transportistas es justamente la dificultad que tiene el sector para enfrentar esto, considerando las demoras en los diferentes lugares de carga y los problemas de mercado existentes, además de tener que hacer frente a estas nuevas exigencias del gobierno.
Por otra parte, al quedar mucha información en servidores en manos del Estado, se trajo a un técnico que expuso sobre ciberseguridad. Es un punto que recogemos y vamos a tratar con el gobierno en lo que refiere a la implementación del sistema. En la medida en que datos sensibles puedan estar reflejados en la guía de carga —como los recorridos que realizan o condiciones comerciales con los clientes— podrían quedar expuestos y, en caso de ser hackeados, caer en manos de terceros que se aprovechen de esa información y la vendan, por ejemplo, a competidores. Como conclusión de esta asamblea, podemos decir que el sector del transporte sigue teniendo dudas e incertidumbre respecto a su futuro, más aún cuando se prevén posibles cambios. Desde la intergremial trabajaremos para reducir esos niveles de incertidumbre, buscar soluciones a los problemas planteados y avanzar en un sistema que sea efectivo para todos.”
Federico Holsman, empresario del transporte del departamento de Paysandú, también expresó su postura sobre la implementación de estas medidas:
“Esto es una disposición que se viene dando desde 2018, basada en una ley que data de 2001 y que nunca se llegó a cumplir del todo. Hoy se vuelve a proponer lo mismo: asociar la guía electrónica de carga a un control electrónico, en este caso mediante un GPS en el camión, para saber por dónde se mueve y qué cargas circulan en el país.
Básicamente, lo que plantean las autoridades ministeriales —y que han comunicado en los medios— es que buscan controlar el contrabando, el lavado de activos, las cargas y la evasión fiscal. Cuatro puntos que entendemos no son responsabilidad del transporte. Tampoco tenemos por qué ser socios en el control del Estado. Para eso está el Estado, que ya cuenta con mecanismos y organismos. Si estos están desactualizados, es el propio Estado quien debe buscar la solución.
El transporte viene con problemas de rentabilidad desde hace años, y hay que sentarse a discutir el tema tarifario. Pero hoy en día, más allá de la tarifa entre privados, el mayor problema es el alto costo del Estado sobre el transporte.”
Por su parte, José Pereyra, director del BPS en representación del sector empresarial, también advirtió sobre los efectos que las nuevas normativas podrían generar en los empresarios vinculados al transporte:
“Hace tiempo se vienen planteando elementos como la informalidad en el sector. A nuestro entender, se han propuesto algunas iniciativas trasnochadas que generan inconsistencias legales. Además, perjudican el desarrollo y el progreso de la comunidad, con el único fin de recaudar por parte de un Estado que ya exige demasiado a los ciudadanos.
En este caso, afecta especialmente a las empresas y trabajadores del transporte, y en definitiva a todo el Uruguay, porque estas cargas impositivas terminan repercutiendo en toda la población.”
El diputado Gustavo Salle también participó del encuentro, donde escuchó a los empresarios y planteó su visión sobre el panorama actual del transporte en Uruguay:
“Están muy preocupados por rumores sobre medidas que buscan un control total, muy estricto e intrusivo de la actividad privada del transporte. Es un sector económico del país que está gravemente afectado.
La mayoría de los presentes eran pequeños y medianos transportistas. Las grandes empresas, principalmente las que trabajan para corporaciones forestales, no estuvieron. Este es un sector castigado por los bajos precios de los fletes y por la depresión económica del país. Y encima se le quiere aplicar un sistema de control muy férreo.
Nosotros vinimos simplemente a tomar contacto con esta realidad, a escuchar los planteamientos. Incluso hubo aportes jurídicos sobre la posibilidad de impugnar un eventual decreto o ley que establezca este sistema.
Sentimos satisfacción cuando alguien dijo que lo que se vive es el poder de las grandes corporaciones, y el desequilibrio que se genera entre los pequeños y medianos empresarios. Esa conclusión nos parece muy importante, porque ratifica nuestro discurso: denunciamos un sistema mundial que llamamos cleptocorporatocracia.
Hoy, los empresarios del transporte reconocieron explícitamente que es un sistema de grandes corporaciones que han capturado al Estado, logrando que se legisle en función de sus intereses y en contra de los intereses de la humanidad y de los pequeños empresarios, que están en peligro de desaparecer.
Hay que analizar de dónde viene la inversión de estas grandes empresas de camiones. He escuchado rumores de lavado de activos. Mientras tanto, el Estado quiere controlar totalmente la actividad privada de los empresarios, pero el propio Estado se maneja con secretismo absoluto: contratos secretos, comisiones parlamentarias secretas. Hay una doble vara: secretismo para la casta política y exposición total para los pequeños empresarios.”
Este tipo de encuentros se viene realizando en distintas zonas del país, y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), que agrupa a más de 20 gremiales con fuerte representación nacional, espera definir una postura final antes de fin de mes para presentarla al gobierno.
